DEBIDO PROCESO

El debido proceso se aplica a todas las actuaciones administrativas y judiciales. Forma parte del debido proceso, el principio de legalidad.

El cual " En materia penal, la ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable". "Impugnar la sentencia condenatoria", Artículo 28 Constitución Nacional. Es decir todo condenado tiene derecho a apelar.

Antes de la Constitución del 91 este tipo de funcionarios eran juzgados en única instancia, por la presunción que quienes  los juzgaba eran jueves más calificados por su investidura de magistrados, para justificar, no ser juzgados como cualquier ciudadano.

Las normas anteriores a la Constitución del 91, que entran en contradicción con esta, por mandato del principio de la Constitución de la supremacía de ésta, que obliga a todos los operadores jurídicos, se entiende no existen y por lo tanto no deben aplicarse, Artículo 4 de la Constitución.

De ahí, que como es más favorable el artículo 28 de la Constitución, se le debe dar trámite a la segunda instancia a todos los procesos, sin distingos políticos, religiosos, de edad, sexo o filosóficos.

Y se debe investigar y juzgar a todos los congresistas, que votaron agro ingreso seguro, para  todos los empresarios, cuánto la Constitución sólo lo permite para disminuir las desigualdades económicas, artículo 13 en concordancia con los auxilios económicos permitidos por la misma Constitución, para los más débiles económicamente.

Los jueces en sus decisiones judiciales, sólo están sometidos a la Constitución y la ley, artículo 230. La administración de justicia se ha desacreditado y entrado en crisis, por jueces y magistrados que fallan por conveniencia.   La favorabilidad no solo se refiere a las normas sustantivas, sino también aquellas que siendo procesales como la doble instancia, tienen un carácter sustantivo y procesal, enseñanza que aprendí del inmolado magistrado doctor Héctor Jiménez Rodríguez, como profesor de Procesal Penal en la UdeA.

Que vuelvan los jueces a fallar con fundamento en la Constitución, la ley y los elementos probatorios aportados legalmente al proceso.   Lo que ocurre hoy, es el afianzamiento de la dictadura con sentencias por conveniencia, contra el Estado Social de Derecho.